Ni el Pla de Drets Humans recentment aprovat ni el nou marc de la Llei d'Estrangeria ho contemplen, a pesar del compromís amb els treballadors immigrants que va reconèixer públicament la Vicepreseidenta Fernández de la Vega.
El Secretario General de la USO, Julio Salazar, ha dirigido una carta a la Vicepresidenta de Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, recordánde que España no ha ratificado la 'Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares' y que esta cuestión fue tratada con motivo de la reunión que ella tuvo con los máximos representantes sindicales de CCOO, UGT y USO junto al Secretario General de la CSI, Guy Ryder, el pasado 1 de octubre con motivo de la Jornada Mundial de Acción por un Trabajo Digno, del 7 de octubre.
En dicha reunión, Julio Salazar y Manuel Zaguirre, Secretario General y Presidente de USO, respectivamente, solicitaron que España ratificase dicha Convención y la Vicepresidenta, Fernández de la Vega, pareció sorprenderse de que aún no estuviera ratificada y en la rueda de prensa posterior, enfatizó la prioridad que tienen para el actual Gobierno español los trabajadores migrantes.
Por eso, ha sido sorprendente que ni en el Plan de Derechos Humanos recientemente aprobado por el Gobierno, ni como marco legal previo a la reforma de la Ley de Extranjería esté prevista la ratificación.
Por último, el Director del Gabinete del Gobierno, en carta del 30 de enero dirigida a la USO y a otras organizaciones, rechaza la ratificación de esta norma aprobada por las Naciones Unidas, y cuyo día de aprobación, el 18 de diciembre, se instituyó como Día del migrante, con la excusa de inconvenientes y compromisos de la política europea en curso sobre inmigración.
La USO entiende que no hay relación causa-efecto en este tema, al poner en valor una base mínima legal internacional, y que su ratificación, además, serviría para reforzar la coherencia del Gobierno y su fuerza política y moral a la hora de regular y afrontar los problemas de la inmigración en un momento socioeconómico tan difícil, que golpea y amenaza a los inmigrantes de forma muy especial.
La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares está ratificada en la actualidad por 40 países y marca derechos para los trabajadores migrantes y sus familias y también la posibilidad de regular a los Estados los flujos de la migración pero, en todo caso, cuál es el trato de garantías que mínimas que deben de tener cualquier trabajador y su familia. Entre ellas está la posibilidad de sindicalizarse, también en caso de que sea un trabajador irregular, aspecto que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional admitió y por la que, entre otras cosas, se tiene que modificar la actual ley de extranjería y que recoge el actual Proyecto de Ley. Por lo tanto, no debería haber obstáculos legales insalvables para la ratificación de la Convención de atenerse a las intervenciones públicas del Gobierno.
